En el caso de ciberacoso es necesario que esta situación se ponga en conocimiento del centro escolar para que inicien los protocolos necesarios establecidos en cada comunidad autónoma. Siempre que sea posible, es muy importante que a la hora de presentar la denuncia, se aporten pruebas del acoso

De igual modo, ya sea en el caso de ciberacoso u otros ciberdelitos, hay que acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para que inicien una investigación, lleguen a identificar al responsable y puedan ponerle a disposición de la Justicia.

La denuncia puede efectuarse ante tres instancias:

• Policía / Guardia Civil / Policías Autonómicas: aunque la denuncia se tiene que hacer de forma presencial, se puede acudir con el formulario de denuncia cumplimentado:
  • Policía
  • Guardia Civil
• Juzgado de Guardia
• Fiscalía de Menores

Puedes contactar con ellos a través de las siguientes direcciones y teléfonos:

Dirección General de la Policía
Grupo de Protección al Menor en el uso de las Nuevas Tecnologías y Unidad de Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la información.

• Telf: 915 822 358
• E-mail: denuncias.pornografia.infantil@policia.es

Guardia Civil Española
Policía Judicial Dpto. de Delitos contra las Personas

• Telf: 91. 514 60 00 Ext.:8376/8377
• E-mail: uco@gcivil.mir.es

En el caso de una situación de ciberacoso, aunque no es necesario aportar pruebas en el momento de la denuncia, sí que es de gran ayuda y acelera la investigación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) el hecho de que se aporten unas primeras evidencias que demuestren que algo está sucediendo.

Así, es importante almacenar las conversaciones, mensajes, imágenes, vídeos, etc., relacionados con los hechos. Pueden guardarse en CDs o USBs.

Posteriormente serán las FCSE quienes custodien, analicen y valoren esta información de cara a la denuncia o el proceso judicial, en el caso de que se llegue a ello.

Habrá determinados datos, como son los que tienen que aportar las empresas proveedoras de servicios de Internet, que tendrá que recabar la Policía o la Guardia Civil y sólo se podrán obtener en el caso de que haya una orden judicial generada por una sospecha más que fundada del delito y de que sea un dato necesario para la investigación.

Es importante señalar que en determinados casos las pruebas que puedan aportar las víctimas y los demás implicados no necesariamente cuentan con validez judicial, ya que no existe evidencia de su veracidad o de su procedencia. Entre estos casos se puede señalar por ejemplo las capturas de pantalla o la recepción de mensajes. En estos casos las pruebas con validez judicial son aquellas que puedan facilitar las empresas proveedoras de servicios, como por ejemplo los operadores de telefonía o las empresas que gestionan las redes sociales.

A pesar de ello, las evidencias aportadas por los implicados son de especial relevancia para fundar las sospechas que lleven a la intervención y concretar las comunicaciones mediante las que se ha podido incurrir en un delito, de modo que los investigadores puedan realizar su trabajo con mayor precisión y en menor tiempo.

Fuente: INTECO y OSI

La Fundación Alia2 dispone de una línea de ayuda: 688 925 422

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